Formalización de Catalina Pérez: el estallido del caso Democracia Viva
La escena política chilena acaba de sumar un nuevo capítulo de escándalo. Catalina Pérez, reconocida exmilitante del Frente Amplio, hoy figura vinculada a Revolución Democrática (RD) y el Partido Republicano, enfrentó el pasado 12 de mayo una formalización de alto impacto: tres cargos de fraude al fisco relacionados con el caso Democracia Viva, un entramado que destapó un sistema de millonarios traspasos irregulares entre entidades públicas y fundaciones privadas.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta no pasó por alto la gravedad de los hechos expuestos por la Fiscalía. Sin embargo, decidió imponer arresto domiciliario total y arraigo nacional para Pérez, en vez de la prisión preventiva que la Fiscalía solicitaba por considerarla un “peligro para la sociedad”. La jueza Claudia Campusano fue clara al justificar la medida, asegurando que existían pruebas contundentes que la vinculan directamente al caso. La decisión dejó en evidencia el pulso entre los argumentos del Ministerio Público y la cautela del tribunal. Mientras tanto, el Consejo de Defensa del Estado prefirió mantenerse al margen y allanarse a lo que decidiera la jueza.
¿Pero qué hay tras las acusaciones? Durante la audiencia, los fiscales presentaron conversaciones de WhatsApp entre Pérez y otros involucrados, que muestran su presunta participación en la estrategia de encubrir domicilios ficticios para la fundación Democracia Viva. Se habrían dado instrucciones explícitas para falsear direcciones y simular actividades inexistentes, reforzando la tesis de un esfuerzo coordinado para disfrazar la legalidad de los convenios suscritos y el uso de recursos estatales.
Millonario convenio, vínculos políticos y una trama nacional
Uno de los puntos más polémicos del caso se centra en un convenio por $426 millones entre la fundación Democracia Viva y el SEREMI de Cultura, cuando Carlos Contreras —exseremi— y Daniel Andrade —expareja de Pérez y entonces director de la fundación— tenían acceso a información privilegiada y una red de contactos que facilitó la adjudicación de fondos a otras ONG, como ProCultura y Urbanismo Social. La Fiscalía asegura que la participación de Pérez no sólo fue directa, sino también clave en el diseño y la ejecución del esquema de traspasos.
El historial de Catalina Pérez añade aún más relieve al proceso. Nacida en Malmö, Suecia, en 1990, en el seno de una familia chilena exiliada política cercana al MIR y al PC, llegó a ocupar un asiento legislativo desde 2018, hasta su desafuero en abril de 2025 debido a las investigaciones en curso. Llama la atención que durante meses evitó entregar su teléfono móvil, poniéndolo finalmente a disposición en agosto de 2024, lo que retrasó algunos peritajes clave.
La investigación, liderada por el fiscal Cristián Aguilar, tiene ahora 45 días para profundizar en los vínculos, las rutas del dinero y la posible responsabilidad de todos los involucrados. No sólo se investigan traspasos en Antofagasta: el escándalo salpica a varias regiones y organizaciones, y coloca el foco sobre las debilidades en la fiscalización de recursos entregados a entidades sin fines de lucro. El sistema, hoy más expuesto que nunca, se enfrenta a la presión social por transparencia y sanción.
Por lo pronto, Catalina Pérez deberá cumplir el arresto domiciliario en Santiago, a la espera de la próxima jugada de la Fiscalía y la resolución final de un caso que no da tregua al debate público.
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